Mientras el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y la Asamblea Pacífica, Clement Voule, exhortó al Estado salvadoreño a no criminalizar las protestas del domingo 1 de mayo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, insistió en vincular las marchas a la defensa de pandilleros y a acudir, en su lugar, a una reunión en la que el Gobierno hará anuncios.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez invitó a los salvadoreños a salir “a las calles a decir sus quejas, sus críticas, que den esperanzas y propuestas”, ya que él opina que el derecho a manifestarse pacíficamente en El Salvador “no está suspendido”.
El Gobierno mantiene un régimen de excepción que restringe cuatro derechos pero que no restringiría, según el decreto, la libertad de expresión. El régimen restringe los derechos a la reunión, a no ser intervenido en sus telecomunicaciones, a la defensa y a un plazo máximo de detención de 72 horas y defensa. Sin embargo, el Gobierno no ha informado restricciones específicas a la reunión.
