Lideres de El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hicieron una difícil negociación, un mecanismo de Estado de derecho que permite a la Comisión Europea cortar la transferencia de fondos europeos a un país cuando este cometa violaciones contra el Estado de derecho que puedan poner en riesgo los intereses financieros de la Unión, como, por ejemplo, un ataque sobre la independencia judicial.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado que este mecanismo está en línea con el derecho de la Unión. Una decisión que deja a Polonia y Hungría, los dos sospechosos habituales, cada vez con menos margen de maniobra político. En su momento, Varsovia y Budapest tuvieron que ceder y aceptar la nueva herramienta, pero pidieron a cambio que Bruselas no diera el siguiente paso y cortara el grifo de los fondos hasta que el TJUE se hubiera pronunciado sobre su legalidad.
Ahora, la alta corte de Luxemburgo ha “desestimado íntegramente” las quejas y el Ejecutivo comunitario podrá activar el mecanismo para forzar a estos Estados miembro a acatar el marco jurídico europeo. Ambos países llevan años en una deriva autoritaria que les ha puesto bajo los focos de Bruselas y de muchos Estados miembros, y son, además, dos de los principales receptores de fondos europeos. En el caso húngaro, los fondos han sido fundamentales para la construcción de toda una red alrededor de Viktor Orbán, primer ministro del país. En 2020, un grupo de líderes europeos, pero sobre todo Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, comenzaron a exigir un mecanismo de condicionalidad para evitar que estos fondos siguieran llegando a capitales en las que se atacan los principios fundamentales de la Unión y se usa ese dinero para apuntalar todavía más a los aliados del Gobierno.
