Un estudio elaborado por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción determinó que el régimen de Nicaragua habría ocultado de 6.000 a 9.000 muertes por COVID-19 entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, informaron este viernes sus autores.
“El Estado ocultó entre 6.000 y 9.000 muertes provocadas por el COVID-19, las cuales fueron registradas como otras patologías”, concluyó el estudio, titulado “COVID-19 y opacidad: La fórmula de muerte en Nicaragua”, que fue presentado en teleconferencia de prensa.
Los investigadores de ese Observatorio, que pidieron el anonimato alegando razones de seguridad, llegaron a dicha conclusión tras contrastar los datos divulgados por el régimen del presidente Daniel Ortega con estudios de mortalidad del Comité Científico Multidisciplinario, del Observatorio Ciudadano COVID-19, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), del medio digital Confidencial, y estadísticas oficiales de los países vecinos.
El gremio médico de Nicaragua ha estado en el centro del debate de la pandemia por las críticas al régimen y al menos 16 doctores han sido despedidos de hospitales públicos sin explicaciones, tras reclamar equipos de bioseguridad y recomendar medidas de prevención nacional.
El Parlamento, controlado por el oficialismo, canceló la personería jurídica a 24 ONG, la mayoría médicas, a solicitud del Ejecutivo, después de que la vicepresidenta Rosario Murillo los acusara de ser “falsos médicos y con falsos pronósticos”.
SEÑALAN SUBREGISTRO
De acuerdo con los investigadores, en los primeros 20 meses de pandemia, el Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua reportó 211 fallecidos por COVID-19 y 5.947 contagios, mientras que el Observatorio Ciudadano identificó 5.945 muertes y 31.224 casos sospechosos.
“Esto (datos del Observatorio Ciudadano) es 1,7 veces más casos sospechosos y 28 veces más de muertes que los que reportó el Minsa, cuya cifra es muy baja, probablemente existe un subregistro”, dijo el investigador a cargo de la exposición, quien recordó que es improbable que en Nicaragua haya muerto exactamente un ciudadano cada semana desde octubre de 2020.
Según el estudio, “mientras en el resto de países de Centroamérica mueren cada semana entre 6 y 11 personas por cada 10.000 habitantes, en Nicaragua no moría nadie”.
Señaló además que el “subregistro” posiblemente ocurrió porque “muchos contagios fueron asintomáticos, los tomaron como una gripe común, o no se reportaron como COVID-19″.
A eso le sumó el poco acceso que existe en Nicaragua para realizarse las pruebas PCR, cuyo manejo es exclusivo del Ministerio de Salud, y únicamente están disponibles a 150 dólares para quienes viajen fuera del país, personal médico y pacientes graves.
Como resultado, Nicaragua refleja la menor cantidad de contagios en Centroamérica, según las cifras oficiales.
MANEJO DE LA PANDEMIA
El investigador insistió en que eso reflejaba la “opacidad” de los datos sobre el COVID-19, ya que mientras en los países vecinos se realizan entre 56 y 111 pruebas PCR por cada 1.000 habitantes, a nivel local la media es de “cero”.
El estudio también concluyó que existe “responsabilidad de las autoridades tras la negación de la pandemia, la falta de toma de medidas, y luego un encubrimiento del mal manejo para vender a la población que el Estado se preocupó por ellos e hizo todo lo posible por salvarlos”.
Señaló que “las estadísticas oficiales son escasas, confusas y cuestionadas por la comunidad médica y la Organización Panamericana de la Salud”, y que “los datos públicos no permiten conocer los grupos más afectados o el impacto en el personal de salud”.
“La crisis del COVID-19 mostró las debilidades estructurales del sistema de salud nicaragüense, pero también del régimen político gobernante caracterizado por su autoridad, secretismo y violaciones graves de derechos humanos que han causado una grave crisis humanitaria, una de las más destacables de la región”, puntualizó.
