El dictamen del Tribunal le permitirá finalmente a la administración de Joe Biden acabar con el polémico protocolo migratorio instaurado por su antecesor republicano en 2019, tal como prometió en campaña.
El programa «Quédate en México» fue único en su tipo. Antes de Donald Trump, ningún mandatario estadounidense había adoptado un enfoque tan punitivo contra los solicitantes de asilo, al exigirles residir fuera de EE.UU. para esperar la resolución que les permitiera entrar.
La victoria judicial de Biden surge después de que los estados de Texas y Misuri demandaran al mandatario demócrata por querer poner fin al programa, al considerar que violaba la sección 1225 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los togados resolvieron que Biden no había transgredido la legislación.
Después de varios reveses judiciales, el actual inquilino de la Casa Blanca se anota un tanto en el Supremo, pero durante una semana que ha estado marcada por la tragedia: 53 migrantes fueron hallados muertos dentro de un camión abandonado al costado de una ruta cercana a San Antonio, Texas.
El asunto de la migración es uno de los que más preocupa y apremia a Biden, quien durante su gestión ha tenido que afrontar el aumento del flujo de personas que intentan llegar a territorio estadounidense en situación irregular. Las causas de ese fenómeno son múltiples, pero el deterioro de las condiciones de vida en Latinoamérica después de la pandemia lo ha agravado.
Hasta hoy, la política de Trump exigía que los solicitantes de asilo –provenientes principalmente de Centro y Suramérica– fuesen detenidos en EE.UU. o enviados campamentos en México, donde debían esperar la resolución de sus solicitudes durante meses y hasta años. De hecho, una de las principales críticas al programa es que ni siquiera había fondos suficientes para detener a todos los migrantes que esperaban obtener el estatus para su estancia.
Según las cifras recientes, desde diciembre del año pasado hasta ahora, más de 70.000 solicitantes de asilo fueron enviados forzosamente a México. En el país latinoamericano, que enfrenta sus propias dificultades, muchos de ellos se ven obligados a residir en precarios campamentos que ponen en riesgo su vida y son víctimas de numerosos delitos, de acuerdo a las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
